Los llamados Sucesos de Cullera, el asesinato del juez Jacobo López de Rueda y tres de sus ayudantes en el curso de unos terribles sucesos revolucionarios, ocurridos en septiembre de 1911, tuvieron como secuela la detención, procesamiento y juicio de numerosas personas implicadas en los desmanes. Durante los meses siguientes, la condena a pena de muerte de siete de los procesados, fue el sustento de la batalla política nacional. Seis de ellos fueron indultados y media Europa se movilizó, en última instancia, para salvar la vida del principal imputado, Chato de Cuqueta, cuya vida perdonó Alfonso XIII, con el natural alborozo republicano. Los procesados por los sucesos de Cullera fueron en total veintidós, y la vista del juicio se celebró a partir del 7 de diciembre de 1911. Pero había otros 55 procesados por los desmanes revolucionarios de Alzira y Carcaixent, que fueron juzgados en Xàtiva y Alzira a lo largo del mes de diciembre, en medio de grandes medidas de seguridad y de una expectación popular y política que trajo a Valencia a los mejores cronistas de tribunales de la prensa de Madrid. LAS PROVINCIAS, en su Almanaque, subrayó que los periódicos dedicaron gran espacio a la información sobre el juicio y añadió con asombro que algunos medios informativos “publicaron los retratos de los individuos del tribunal militar, de los defensores y de cuantas personas intervinieron de una manera muy directa en este Consejo, incluso de los procesados”. La primera dificultad vino del nombramiento de defensores para los procesados, pues los abogados civiles renunciaban. Se nombraron defensores militares, que al final simultanearon su tarea con notables abogados republicanos, como Melquíades Álvarez, Pí y Arsuaga y Menéndez Pallarés. Ni que decir tiene que la politización del proceso fue inmediata: si el carácter subversivo de los incidentes así lo propiciaba, la proximidad de la Semana Trágica y su secuela -el procesamiento y fusilamiento de Ferrer Guardia-todavía estaba muy presente en el debate político, enfrentando a socialistas y republicanos con los partidos monárquicos. Los 22 acusados por los sucesos de Cullera fueron llevados en cuerda de presos desde la Cárcel Modelo de Valencia hasta el juzgado de Sueca, donde se celebró la vista del correspondiente Consejo de Guerra. El tribunal militar, en el mes de enero de 1912, les aplicó, finalmente, siete penas de muerte, dos cadenas perpetuas y una serie de condenas de prisión, de las que la menor era de doce años. Unos días después, mientras se hacían los preparativos para las correspondientes ejecuciones, las familias se trasladaron a Madrid, en demanda de clemencia gubernamental, en medio de una campaña en la que socialistas, radicales y republicanos movilizaron todos sus recursos, en España y fuera de ella, para ejercer presión sobre el Gobierno y la Corona en demanda de conmutación de las penas. Con relativa facilidad se logró el perdón para seis de los siete condenados a muerte. Pero el caso de Juan Jover Corral, Chato de Cuqueta, implicado en todos los asesinatos de Cullera fue más complejo: asestar un hachazo en el cuello a un juez de instrucción, y ensañarse con su cadáver hasta la vejación, era algo que no podía quedar sin un castigo ejemplar según muchos observadores. Entre los que se encontraba el presidente del Gobierno, José Canalejas, defensor del principio de autoridad y justicia. El Rey Alfonso XIII fue sensible, finalmente, a las demandas de la madre y la esposa de Chato de Cuqueta que, con otras mujeres de Cullera, se desplazaron a Madrid, recurrieron a la sensibilidad de la Iglesia y fueron tratadas por la prensa gráfica de la capital con dramáticos tintes. El 14 de enero, cuando el cadalso ya se había levantado en Cullera y el preso estaba ya “en capilla” acompañado de dos curas, cuando el Ejército había tomado posiciones para proteger la ejecución, el alcalde de Cullera recibió el telegrama del gobernador que comunicaba el perdón real. “El Chato de Cuqueta se abrazó el comandante militar y lloró copiosamente. Fue un día de grande alegría para la mencionada ciudad”, dice el Almanaque de LAS PROVINCIAS. Disconforme con el gesto magnánimo del Jefe del Estado, el presidente del Gobierno, José Canalejas, presentó la dimisión, aunque fue refrendado en el cargo después de la correspondiente crisis. Unos meses después, fue asesinado en Madrid por un terrorista.